Juicio a las Juntas: qué pasó en 1985 en Argentina

Por aquel entonces, las leyes establecían que los militares solo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito. Los ex comandantes se sometieron a juicio por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero el organismo no tenía ningún apuro (ni intención) por castigar a sus pares. Por eso, el 13 de febrero de 1984 el Congreso sancionó la Ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar, permitiendo que la justicia civil tome las riendas del proceso el 4 de octubre de ese año.

De esta manera dio inicio el Juicio a las Juntas, un proceso judicial (el primero oral y público en Buenos Aires) tan relevante como los Juicios de Núremberg, llevados a cabo entre 1945 y 1946. Al fiscal Julio César Strassera y al fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo les tocó la importantísima (y peligrosa) tarea de comandar la acusación de los nueve militares por sus graves y masivas violaciones a los derechos humanos, cuando los demás funcionarios se excusaron o se negaron a participar.

Por cuestiones prácticas, la innumerable cantidad de delitos (superaban los diez mil) se redujo a 709 casos presentados, de los cuales el tribunal decidió examinar solo 280. Así, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizaron las audiencias públicas en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación, por donde pasaron 833 declarantes, entre ellos, ex detenidos , familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad.

El Juicio a las Juntas, presidido por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, duró 530 horas, registradas por dos cámaras del viejo canal ATC y transmitidas –solo los fragmentos que resultaran adecuados– en diferido después de cada jornada.

Inicialmente, la grabación no tenía este objetivo, sino hacer un seguimiento del proceso y documentar este “hecho histórico”. Hoy, las 147 cintas de video (archivadas en la cámara federal) son la prueba irrefutable de que el juicio se llevó a cabo y una fuente de difusión invaluable para las futuras generaciones. Por si acaso, desde 1988, un juego de copias se resguarda en la misma bóveda de seguridad en la que se protege la constitución de Noruega, en el sótano del Parlamento de Oslo.

El juicio dejó en evidencia el aparato clandestino de represión articulado durante la dictadura, incluidas las detenciones ilegales, las torturas y los asesinatos a lo largo de todo el territorio argentino. Pero, sobre todo, demostró la responsabilidad de los altos mandos de las Juntas. Las atrocidades que revelaron muchos de los testimonios sacudieron la opinión pública local y mundial, destacando a nuestro país en la avanzada por la lucha de los  derechos humanos.

Entre el 11 y el 18 de septiembre Strassera realizó el alegato final de la fiscalía y el 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia: prisión perpetua para Videla y Massera, Viola fue condenado a 17 años de prisión y otros 8 para Lambruschini. Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y Graffigna, Lami Dozo, Galtieri y Anaya fueron absueltos por diferentes motivos.

Después llegarían las apelaciones y las modificaciones en las sentencias, las leyes de Punto Final (en 1986) y de Obediencia Debida (en 1987), los indultos de Carlos Menem y su nulidad. Como dicen, la justicia de los hombres tarda en llegar, pero llega... Nos queda la memoria y el “nunca más”.