Miranda Ruiz: quién es la médica procesada por practicar un aborto legal en Tartagal

Tartagal integra una zona que en 2020 ha sido declarada en emergencia socio sanitaria. Miranda eligió seguir su camino donde más se necesita. "El kilómetro 3 está insertado dentro de la comunidad originaria y nosotros, aparte de aprender con los profesionales, asistimos mucho en terrenos, hacemos visitas domiciliarias, campañas de atención a niños de riesgo y asistimos a la población más vulnerable como algo fijo. Además de los aprendizajes que tenemos que tener adentro del hospital también vamos hacia afuera. Siempre elegí lugares donde veo que puedo aportar más y también en el sentido de donde una quiere vivir. A mí me gusta más una ciudad como Tartagal, más rural", explica. 

Comprometida con su profesión y sus pacientes, Miranda se encontró con varios casos de mala praxis y, junto con su equipo, hizo las denuncias correspondientes. Recientemente, las autoridades del Hospital en donde realiza la residencia la nombraron profesional destacada, tanto por su desempeño en la gestión de la respuesta a la pandemia del COVID-19, como por las muestras de apoyo y cariño que recibe por parte de sus pacientes.

"Tartagal me recibió muy bien. Desde 2019 que yo hacía práctica de aborto y jamás recibí rechazo de los colegas, hasta a veces me derivaban pacientes. Aunque hubo un poco de resistencia en el servicio de ginecología y obstetricia al principio, y hay muchos médicos que hacen objeción de conciencia, luego se limaron las asperezas, al conocerme a mí como médica y por cómo intervengo en otros aspectos sanitarios, no solamente en la práctica de aborto", reflexiona. 

Miranda divide sus días entre el Hospital Juan Domingo Perdón y el de Santa Victoria Este, a dos horas de Tartagal. Los lunes recibe a mujeres y personas gestantes en el consultorio de acceso a interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo. Durante mucho tiempo fue la única profesional médica que, junto a un equipo interdisciplinario, garantiza el acceso a la IVE en el departamento de General José de San Martín, con una población de cerca de 190.000 habitantes.

En septiembre de 2021, fue denunciada por familiares de una paciente, una joven de 21 años, a quien le practicó un aborto. Tanto la joven como la médica habían sido amedrentados por la familia y militantes antiaborto antes del procedimiento. "La veíamos negra, porque amenazaban todo el tiempo. El jefe de ginecología decide firmar la historia conmigo, cosa que nunca sucede eso. Hicimos reuniones con la gerencia, con el supervisor de Salta para entender la legalidad, y la paciente nunca dejó de solicitarlo. La versión del arrepentimiento es falsa y consta en la historia clínica", asegura. Sin embargo, Miranda fue detenida y encarcelada. 

Gracias al equipo médico que trabaja con ella, que la apoyó en todo momento y organizaciones feministas, que se movilizaron para pedir su liberación, pronto salió de la cárcel. Pero la causa y el escrache mediático continuó. "Yo no entendía mucho lo que estaba pasando, era un poco surrealista. Hicimos todo tan bien, todo por escrito, yo estaba re segura de lo que habíamos hecho, actuamos como equipo sanitario. Tranquilamente otro equipo se lava las manos", confiesa.

Casi un año después, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Salta, miles de mujeres reclaman la nulidad de la causa y que se proteja a los profesionales de la salud sexual y reproductiva. "Esto es una persecución judicial. El procedimiento que hicieron el fiscal y el juez para detenerme y después ampliarme la imputación, todo eso es irregular en términos jurídicos", señala Miranda, que hoy continúa con su trabajo como médica y rescata, a pesar del padecimiento que vivió, que en términos locales el impacto fue positivo. "En el consultorio aumentó mucho la demanda, porque la mediatización del conflicto generó que la gente supiera cómo trabajábamos y se sumaron muchos profesionales", concluye.