Protestas en Irán: mataron a una joven por no usar el velo islámico de manera correcta

El arresto de Mahsa ocurrió en el marco de meses de tensión en ascenso con activistas de derechos humanos, quienes apoyaron a las mujeres iraníes bajo dictadura islámica a quitarse públicamente el hiyab (velo).

En respuesta, el gobierno del presidente Ebrahim Raisi aumentó la presión para que las mujeres de su comunidad cumplieran con las estrictas reglas de vestimenta y conducta fijadas en el código islámico.

Desde la revolución de 1979, liderada por el ayatollah Ruhollah Khomeini, el velo es obligatorio ya que, según la mirada musulmana, sin el velo las mujeres están “desnudas”.

Según relata Kiarash, el hermano de la joven fallecida, al medio local disidente IranWire, Amini fue parada en medio de la calle y olbigada a subir a un auto policial. “Me dijeron que se la llevaban a comisaría a hacerle una clase de ‘reeducación’ y que en una hora la dejarían salir”, relató. Eso no ocurrió, y al cabo de dos horas de ser arrestada, Amini llegó al hospital de Teherán con muerte cerebral.

Kiarash también contó que, cuando intentó intervenir, los agentes de la “policía de la moral” le lanzaron gases lacrimógenos y le torcieron los brazos a la espalda.

OHLALÁ! dialogó con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, para conocer algunos detalles en materia de Derecho Internacional y comprender con perspectiva más amplia el terrible hecho.  

“Según el derecho internacional, la legislación iraní que establece el velo forzado constituye una clara violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas: al obligar a mujeres y niñas a cubrirse el cabello, incluso mediante actos violentos y humillantes y detenciones y encarcelamientos arbitrarios, las autoridades dañan profundamente la dignidad de las mujeres y perpetran, en términos legales, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que está absolutamente prohibido por el derecho internacional. Cuando causan dolor o sufrimiento grave, ya sea mental o físico, estos actos equivalen a tortura”.

Asimismo, agregó que las circunstancias en las que se llevó adelante el arresto “incluyen denuncias de tortura y otros malos tratos deben ser investigarse penalmente”.

La posición de Amnistía Internacional es contundente: “Las mujeres deben ser libres de decidir si quieren o no llevar determinados símbolos y vestidos en función de sus convicciones personales, sus costumbres culturales o religiosas, o cualquier otra razón. Los derechos humanos exigen la defensa de la elección genuina, que se trata de defender la libertad de llevar una forma concreta de vestir y la libertad de no hacerlo”.

“Toda persona tiene derecho a expresar sus creencias o convicciones personales o su identidad eligiendo su forma de vestir. Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar esos derechos creando un entorno en el que cada mujer pueda tomar esa decisión sin coacciones, amenazas o acoso, sin restricciones que no sean necesarias o proporcionadas para un propósito reconocido como legítimo en el derecho internacional de los derechos humanos, y sin que tengan un impacto negativo en su ejercicio de otros derechos humanos, concluyó Belski.