Ni Una Menos: los logros feministas y lo que falta

Sin una revisión profunda, en la que se nos reconozca en peligro real, teniendo en cuenta que hay un femicidio cada 27 horas, la violencia permanecerá en la sombra justificada por una cultura que todavía tiene demasiados velos patriarcales.

Por eso, este 3 de junio, a las 17, se moviliza al Congreso (si estás en CABA). En el resto del país, también habrá puntos de encuentro y manifestaciones durante todo el día. Para informarte podés entrar al IG de Ni una Menos.

El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, publicó un dato alarmante: hay un femicidio cada 27 horas en el país.

Desde enero de este año a hoy, hubo 130 mujeres y disidencias víctimas de la violencia de género. Ahora, también hay 147 hijos e hijas que se quedaron sin madre. Del relevamiento también se desprendieron números difíciles de digerir: el 66% de los hijos que quedaron sin madres son menores de edad y el 60% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Es importante saber que la figura de femicidio hace referencia a un término político porque denuncia la naturalización de la violencia sexista en nuestra sociedad. El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres: el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad.

La gota que rebasó el vaso fue el femicidio de la adolescente Chiara Páez, de 14 años, embarazada y asesinada por su novio, Manuel Mansilla de 16 años, en la localidad de Rufino (Santa Fe). Ese hecho activó la primera gran marcha y movilizó a unas 500 mil personas en diferentes partes del país.

Desde entonces, la visibilización de reclamos por violencia de género, una bandera que el movimiento feminista venía levantando desde hacía rato, no paró de expandirse y logró cruzar rápidamente las fronteras.

Eugenia Sansone, experta en derecho con perspectiva de género, nos hable de los avances y, también, de lo que falta en materia judicial.

“Desde el primer Ni una Menos ha habido importantes avances en materia de reconocimiento de Derechos de las Mujeres: con la sanción y reglamentación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (IVE), se logró algo histórico y sin dudas, fue gracias a la visibilidad pública del reclamo. Otro gran avance se dio con la sanción de la Ley 27499, conocida como “Ley Micaela”. A través de esta ley se estableció la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres en toda la administración pública de los 3 Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos sus niveles y jerarquías”.

La importancia de esta ley, explica que radica principalmente en “la identificación de las violencias y de los estereotipos de género que subyacen en la cotidianeidad de nuestras vidas y que no hacen más que perpetuar patrones y modelos culturales que naturalizan y favorecen la desigualdad entre géneros, reproduciendo estructuras de poder y de opresión”.

En términos sociales y culturales, también considera que hubo conquistas “en el reconocimiento del valor económico de las tareas de cuidado y en la necesidad de pensar a dichas tareas en clave igualitaria, apostando a una nueva forma de organización social del cuidado como un elemento clave a la hora de pensar en un desarrollo sostenible e igualitario”.

“Todavía le falta mucho a la Justicia para dar una respuesta integral a las víctimas”, desliza la experta. “No podemos dejar de observar que el mismo Sistema Judicial es parte de una sociedad estructural e históricamente patriarcal, que también replica patrones y estereotipos de género”. En consecuencia, remarca que no solo hay obstáculos en el acceso igualitario a la justicia para las víctimas de violencia de género, sino que además por la respuesta ineficaz por parte del Estado, el cual debería reparar la violencia padecida por la mujer, termina re victimizándola, es decir, haciendo que reviva la situación traumática y que vuelva a asumir su papel de víctima”.

Otro de los grandes obstáculos que todavía están presentes es la falta de capacitación y formación especializada de los operadores judiciales, pese a la obligatoriedad de la Ley Micaela. “La falta de perspectiva de género impide otorgar respuestas integrales: no bastan medidas si luego no se controla ni se efectivizan las sanciones ante los incumplimientos de las mismas. Una justicia que reproduce estereotipos machistas, discriminatorios, que se perpetúan a través de las decisiones judiciales es una Justicia que re victimiza y genera tratos deshumanizantes. Resulta imperioso, en consecuencia, no quedarse solo con la normativa vigente que tenemos sino instar a transversalizar la perspectiva de género para identificar y desarticular las visiones estereotipadas de género que se presentan en la administración de la Justicia”.

Según el último Informe Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, Coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, desde el 1° de enero al 31 de mayo de 2022: